El ”genocidio” armenio

11-3-2012
El Consejo Constitucional francés anuló la ley que reconoció el genocidio armenio por parte de los turcos, aprobada por el Senado galo el 23 de enero, porque entiende que no es conforme a derecho. Historiadores, constitucionalistas y periodistas habían alertado del riesgo de imponer por ley, con sanciones penales, una interpretación del pasado histórico, en este caso sobre el genocidio armenio a manos de los turcos entre 1915 y 1917.
El Consejo Constitucional anuló lo establecido por la Asamblea Nacional. Aunque no hay que olvidar que en Turquía puede ser condenado quien afirme lo contrario, es decir, la existencia del genocidio.
El Consejo considera que la ley comporta un «ataque inconstitucional al ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación». No se pronuncia sobre la ley de 29 de enero de 2001, que reconoció como tal el genocidio armenio, aunque esta norma sería también anticonstitucional, a juicio del jurista Robert Badinter.
El argumento de fondo es que las «leyes memoriales» atentan ontra la libertad de expresión y la investigación de la historia que establecen verdades históricas por mayoría de votos.
La Asamblea General de Uruguay aprobó en 1965 una ley sobre el tema, pero no hace mención al genocidio de los armenios. Declara que el 24 de abril «Día de recordación de los mártires armenios» por los asesinados en 1915.
El concepto de genocidio
En Francia, la aprobación de la ley en enero sobre el genocidio de Armenia había derivado en vivas reacciones. Parecía lógico que la decisión de tipificar como delito la negación del genocidio chocase con la postura de Turquía, siempre a las puertas de Europa.
El historiador francés Pierre Nora, presidente de una asociación que pugna desde 2005 por la «Libertad para la historia» había publicado en Le Monde, el 28 de diciembre, su oposición a la generalización de las llamadas «leyes memoriales», que establecen supuestas verdades históricas por mayoría de votos legislativos.
Para Nora, no se sostiene el paralelo entre el genocidio armenio y la Shoah; la norma actual no se puede alinear con la ley Gayssot, que penalizó en 1990 la negación del genocidio judío. Para la Shoah existe una responsabilidad institucional protagonizada por la Francia de Vichy.
Turquía propuso en 2005 la creación de una comisión paritaria de historiadores y la apertura de los archivos; los armenios se negaron en nombre de sus certezas sobre el genocidio.
Nora opina que «la palabra genocidio tiene un aura mágica, pero es preciso recordar que todos los historiadores serios son reacios a usarla; prefieren, según los casos, ´aniquilación´, ´exterminio´, ´asesinatos masivos´. Al término, elaborado durante la guerra, se le dio una definición jurídica en 1948, basada en una intención exterminadora. Luego ha evolucionado hacia una connotación amplia, con fronteras borrosas, y su utilización no tiene ya más que un contenido emocional, político o ideológico. Si los armenios quieren usarlo, ¿por qué no? Puede estar justificado. Pero este genocidio había sido ya reconocido por la República Francesa desde 2001».
Por otra parte, la noción de crimen contra la humanidad, asociada en la ley al genocidio, nació en 1945, en Nuremberg. Su imprescriptibilidad significaba que ninguno de los autores estaría al abrigo de responsabilidades penales hasta su muerte. Pero esto no puede aplicarse hoy a Armenia: ninguno de los autores vive, pues los crímenes sucedieron hace casi un siglo; el riesgo es trasladar la responsabilidad a los historiadores, que no podrán trabajar sobre un tema tabú.
Pero la cuestión armenia no es lo más grave para Nora, sino la pretención del Congreso de transponer a la legislación francesa la resolución europea, de 28 de noviembre de 2008, sobre «la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal».
Ante la decisión de Bruselas, Francia optó por reconocer solo como crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, los declarados por un tribunal internacional.
Ello significaría la penalización de los culpables de genocidios como los de Ruanda o Kosovo, pero nunca de los historiadores que trabajan sobre el pasado.
En cambio, explica Nora, la ley derogada abría una vía para cuestionar toda investigación histórica y científica desde las reivindicaciones memoriales de grupos concretos, pues están legitimadas por el nuevo texto para ser parte en el proceso.
Podría aplicarse, explica, a sucesos antiguos, como la guerra de la Vendée; o las hambrunas de Ucrania provocadas por el poder estalinista en 1932-1933; o los crímenes comunistas en Europa Oriental; o el exterminio de los gitanos por los nazis, o incluso la masacre de la Guardia Suiza en las Tullerías en 1792. Se podría acabar criminalizando a historiadores que trabajan sobre Argelia, sobre la noche de San Bartolomé, o sobre la cruzada contra los albigenses.
El historiador invita a reflexionar sobre el grado de anacronismo al que se puede llegar proyectando sobre el pasado conceptos nacidos en la era contemporánea, con los consiguientes juicios morales maniqueos. Sobre todo, cuando la ley no penaliza solo la «negación» del genocidio, sino que introduce un nuevo delito: su «minimización», todo un reto de precisión para juristas.
En nombre de la defensa de los derechos humanos se puede llegar a la «sovietización de la historia».
Muy al contrario, «es preciso proteger la historia, en cuanto instrumento de unión, frente a la memoria que divide», afirma.
Es por eso que la asociación «Libertad para la historia» lanzó un manifiesto en octubre de 2008, que firmó en un par de semanas más de un millar de historiadores europeos.
«La historia no debe ser esclava de la actualidad ni escribirse al dictado de memorias concurrentes. En un Estado libre, no pertenece a ninguna autoridad política definir la verdad histórica ni restringir la libertad del historiador bajo la amenaza de sanciones penales (…). En una democracia, la libertad para la historia es la libertad de todos», dice la proclama. l (Basado en Aceprensa y El Observador)